La respuesta del Gobierno es: VIOLENCIA.

El martes continuaron las acciones para denunciar la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones en el tema del Referendo del TLC.

Reunidos a eso de las 9 de la mañana un grupo de ciudadanos entregaron ante los Tribunales de Justicia una denuncia por prevaricato; que consiste en un delito por dictar a sabiendas una resolución injusta.

Posteriormente, frente al Tribunal Supremo de Elecciones el objetivo era entregar la misma denuncia en el Tribunal, sin embargo, la puerta principal fue cerrada y cercada por policías que no permitían el paso de los manifestantes.

Luego de gritar consignas para denunciar la invalidez del referendo y leer el texto de la denuncia, un grupo de ciudadanos entraron al Tribunal a entregar el documento y no fueron recibidos.

Ante esto, los manifestantes se dirigieron a la Corte para entregar la denuncia. De camino, su derecho al libre tránsito fue violentado en la entrada norte del bulevar de la Asamblea Legislativa.

Los y las manifestantes fueron detenidos por una baranda de hierro y un grupo de policías.

En ese momento, el clima pacífico de la manifestación empezó a ser perturbado. Los policías en su intento por impedir el paso de los manifestantes golpearon a Leonor Antillón del Comité Patiótico de Escazú. Ella fue herida en sus manos.

Sin embargo la violencia alcanzó un punto que los manifestantes tan siquiera habían imaginado en el marco de su manifestación pacífica. Evans Marín fue golpeado en la boca por un oficial de la fuerza pública. El golpe rompió su labio superior y debió ser trasladado al hospital, la herida ameritó 16 puntadas.

Evans simplemente estaba grabando la manifestación y este fue motivo suficiente para una brutal represión policial.

Al ver la agresión los y las asistentes acudieron a asistir a Evans sin embargo, la policía respondió con más violencia, tirando al suelo a adultos mayores, empujando y golpeando a mujeres de todas las edades y el colmo, quebrando el bastón de una compañera manifestante con discapacidad visual.

Más tarde, José Luis Bertone, activista del NO fue sacado del restaurante Acapulco por unos 3 policías mientras compraba un refresco. Bertone fue fuertemente esposado, arrastrado, alzado entre 15 policías y metido en una perrera, precisamente, en la Unidad 1065 de la “Fuerza Pública”.

Tras consultar en reiteradas ocasiones a los oficiales por el motivo de la detención, no hubo ninguna respuesta. Más bien, los policías que detuvieron a Bertone y otros más que permanecían en un autobús al costado sur de la Asamblea intentaron retirarse del sitio como si nada hubiera pasado.

A esto los y las manifestantes respondieron cerrando el paso y exigiendo el regreso de José Luis Bertone.

Casi una hora después apareció Bertone con sus muñecas ensangrentadas y sin explicación alguna del motivo para su detención.

Durante la jornada del martes, los y las costarricenses aprovecharon el espacio para manifestar su descontento con los medios de comunicación comerciales en especial Canal 7 y Repretel ante la cobertura sesgada y claramente identificada con las posturas del gobierno y los intereses empresariales del país. Labor que poco tiene que ver con el derecho a una información veraz, constructiva y garante de los derechos de los costarricenses.

Las fotografías e imágenes de esta alarmante represión policial pueden visitar los sitios: comitespatrioticos.com y notlc.com