Escuche el RETRATO:
Les contábamos que en Bolivia unas cuantas familias controlan mucha tierra, mucho poder político, industrias y medios de comunicación, y que son éstas familias las que impulsan la rebelión de los poderosos contra la Bolivia indígena y popular.
Más al norte, en las llanuras del departamento del Beni, la situación no es diferente.
Allí es el reino de los clanes de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Avila, Nacif, Antelo, Salek.
Allí, 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas, que es, en extensión, 500 veces más grande que toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana. Allí, el poder político y económico se reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas.
Allí también imperan los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner. Todos ellos, que provienen de familias europeas, son los dueños de los principales negocios, accionistas de la banca y manejan a su antojo los cargos públicos, la justicia, la prensa y la administración pública.
No es casual, por ello, que el prefecto sea uno de ellos: Ernesto Suárez Sattori, un ganadero latifundista y ex parlamentario de la fascista Acción Democrática Nacionalista del ex dictador Hugo Banzer.
Todavía más al norte, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que gobiernan de la misma forma que sus pares de Santa Cruz y Beni.
Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas de tierras fértiles, donde gobierna con ellos otro millonario ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández.
Estos clanes son visceralmente racistas y están convencidos de que los campesinos, a los que explotan como en los tiempos del feudalismo, valen menos que sus vacas, por lo que no conciben que uno de ellos sea el actual presidente de Bolivia.
Estos grupos oligárquicos han estado, desde siempre, imbricados con el poder político. Han cogobernado con las dictaduras militares y han lucrado al máximo con los regímenes neoliberales democráticos y saben, muy bien, conservar sus privilegios.
Por ello, tras estar arrinconados parcial y temporalmente desde octubre del 2003, cuando una insurrección popular derrocara al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al que respaldaron hasta último momento, los latifundistas comenzaron a recobrar poder político regional.
Con gran perspicacia, la oligarquía se ha aprovechado en los dos últimos años de los genuinos y legítimos deseos de la población por mejorar sus condiciones de vida y ha levantado las banderas de la autonomía y en contra del centralismo.
Al pueblo le dicen y le convencen de que ahora, con la autonomía, los recursos económicos de la región ya no se irán lejos y servirán para dar empleo, pan y progreso a todos los cruceños.
En este proceso, la oligarquía también ha exacerbado al máximo el racismo y los sentimientos más bajos del regionalismo y de menosprecio hacia los altiplánicos. No es casual, por ello, que los clanes controlen y dirijan a las masas, metan palo y amedrenten a los opositores con sus bandas fascistas.
Por ahora, los clanes usan el respaldo de las organizaciones sociales, cívicas, empresariales e incluso sindicales para defender sus privilegios y organizan a los más pobres para enfrentar al gobierno indígena de Morales y su nueva propuesta de Constitución Política del Estado.
Esta nueva norma, que debe ser sometida a un referéndum nacional en el 2008 para tener validez jurídica, plantea la posibilidad de restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte o la mitad de la extensión de la ciudad de Santa Cruz que tiene 20 mil hectáreas).
Esta restricción lastima los intereses de los latifundistas y los obligaría, en caso de aprobarse, a redistribuir sus haciendas entre los miembros del clan familiar, tal como lo hacen desde los últimos años (las propiedades se subdividen a nombre de los hijos, hermanos, primos y otros familiares) para burlar la ley y evitar la denuncia pública de acaparamiento.
Como está claro, esto es la lucha de clases, el propósito principal de la oligarquía es retomar el poder político en la región y tomar el control total sobre la tierra, además de frenar a Morales y a la indiada, que quiere y pugna por eliminar a los latifundistas para acceder por fin a la tierra y a las posibilidades de una mejor vida para sus familias.
Con tres millones y medio de campesinos pobres sedientos de tierra y justicia, la posibilidad de una radical reforma agraria está más latente que nunca. El pasado 10 de septiembre del 2007, por ejemplo, la denominada “Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades”, con masiva presencia de dirigentes del MAS, aprobó una declaración que en su punto 9 establece la necesidad urgente de “expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos hacerla producir en beneficio de la sociedad”.
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